¿Un nuevo escenario de supervisión?

Conviene que los electores, que estamos llamados a participar en las próximas elecciones europeas, tengamos ideas claras sobre los temas del crecimiento económico y el empleo, que razonablemente serán los que más influyan en la decisión sobre nuestro voto.

Hace pocos días hemos conocido que la autoridad de supervisión en Gran Bretaña, la FCA (Financial Conduct Authority) ha impuesto a una entidad una multa de casi 15 millones de euros por conducta inadecuada a la hora de asesorar a sus clientes sobre productos de inversión. En palabras de un portavoz de la FCA, “los clientes confiaban en que se les ayudaría a gestionar su dinero con sensatez, pero no consiguieron cumplir con esta responsabilidad. Los clientes necesitan confiar en que quienes les aconsejan entienden y se guían por lo que precisan”.

Escuchar esto incrementará la indignación, sin duda, de muchas personas afectadas en España por la comercialización de productos financieros inadecuados para su perfil de inversor. Y la pregunta surgirá de inmediato. ¿Por qué en España no se hizo algo parecido? Y se aludirá a la incompetencia de nuestras autoridades, a su connivencia con el mundo financiero y a otros argumentos ya escuchados en muchas ocasiones.

Pero lo cierto es que, con independencia de que se hayan podido producir errores o abusos en la comercialización, e incluso de que las autoridades no hayan estado a la altura de las circunstancias, actualmente, y con la ley en la mano, el supervisor español no tiene la capacidad ni siquiera por aproximación de actuar como lo ha hecho la FCA. Este extremo ha pasado casi inadvertido, pero es muy difícil entender correctamente la noticia sin resaltarlo. Lo que ha hecho la FCA es lo que en el argot se conoce como mistery shopping, es decir: enviar inspectores de incógnito a las oficinas de entidades financieras para comprobar in situ si las promesas de buen asesoramiento y de ética profesional se cumplen en la realidad. El resultado ya lo conocemos.

En este sentido, Elvira Rodríguez, presidenta de la CNMV, lleva tiempo clamando por una reforma legislativa que, de forma añadida a las que ya están en vigor, refuerce sensiblemente las capacidades de regulación, supervisión y control que actualmente ya poseen, poniendo como ejemplo el modelo inglés. Si bien la CNMV acaba de remitir a las entidades un documento de buenas prácticas que deberían observarse a la hora de comercializar productos financieros, especialmente de riesgo, lo cierto es que, como decía hace muchos años uno de mis profesores de Derecho Procesal, “la ley no tiene ningún valor si no dispone de medios que aseguren su cumplimiento efectivo”.

En realidad, la aspiración de la CNMV no es tan sencilla. Tengamos en cuenta que ambos modelos no son equiparables. Su alcance y profundidad de competencias hacen de la FCA una entidad totalmente diferente a sus homólogos españoles. Para empezar, el modelo inglés separa desde 2012 de forma radical, por un lado, las competencias de regulación y supervisión financiera de entidades y mercados y, por otro, las competencias de supervisión y protección del consumidor. De esto último se encargó, hasta su modificación en 2012, la FSA (Financial Services Authority) y su hoy heredera, la FCA, a partir de ese año.

Por otro lado, la competencia de la FCA es mucho más amplia, ya que se encarga de valores, productos financieros, hipotecas, consumo y otros aspectos. Y por último, todas sus actuaciones e inspecciones se publican y publicitan una vez finalizadas, lo que sirve de acicate para todos, tanto los cumplidores como los laxos.

Pero quizá la diferencia más importante, como ya hemos visto, es la capacidad de investigar, de verdad, si el mercado cumple con su deber en beneficio de los consumidores. Esto hoy, en España, sería una revolución, pero lo cierto es que nos habríamos ahorrado muchos problemas. Una verdadera autoridad financiera independiente hubiera podido prohibir la comercialización de preferentes, imponer multas a varias entidades por comercialización incorrecta y asesoramiento inadecuado, y haberles obligado a rescindir las operaciones, simplemente yendo a las sucursales a escondidas y verificando que estaba sucediendo en la realidad del día a día.

Y ojo, igual de importante: también podría haber verificado en su caso que la comercialización fuera correcta, y hoy estaríamos ahorrando una importante cantidad en concepto de indemnización y resarcimiento a los clientes por parte de las entidades intervenidas por el FROB.

Y ojo, que el modelo inglés no es perfecto en absoluto. Ha habido críticas feroces por su falta de diligencia en casos relativos a swaps (¿les suena de algo?) o de tipos de interés hipotecarios. Pero lo cierto es que sería un avance relevante sobre el escenario actual español. ¿Ciencia ficción? Quizás. Pero ojalá algún día se haga realidad y podamos contar con un sistema financiero fiable, no solo para los mercados, sino para los ahorradores españoles.

José Ignacio Atance es senior manager de Cumbria FSC.

Fuente: http://com.cincodias.feedsportal.com/c/33500/f/624600/s/39712f64/sc/29/l/0Lcincodias0N0Ccincodias0C20A140C0A40C160Cmercados0C13976688110I270A1630Bhtml/story01.htm