La regulación de los sistemas de pago

Los pagos con tarjetas de débito y crédito también se sumaron el último mes del 2013 a los numerosos indicadores económicos que desde el pasado verano reflejan el inicio de la recuperación y cambio de ciclo en la economía española, de la que el consumo privado no puede estar ausente. Pero esos signos, compartidos con la economía europea y mundial, deben ser escrutados con llamadas a la moderación de los reguladores, sobre todo europeos, que en vez de aceptar la inminencia de las elecciones de mayo para dejar algunas decisiones al nuevo Parlamento europeo intenta aprobar a toda prisa un paquete legislativo sobre medios de pago electrónicos y por movil poco estudiado y sensato.

No es de extrañar que el Senado francés y el parlamento de Estonia hayan censurado en las últimas semanas la iniciativa de la Comisión Europea, que en España vendría a provocar lluvia sobre mojado, pues los pagos con tarjeta empezaron a desacelerarse desde el 2006 por decisiones equivocadas y no han empezado a remontar hasta ahora; en el último trimestre del 2013 crecieron a una tasa interanual del 6,2%, por primera vez desde el 2007. El problema principal es que el paquete legislativo europeo sobre pagos (Reglamento y Directiva) no va acompañado de una memoria económica rigurosa que analice su impacto en todos los costes, como suele ocurrir en otras iniciativas y los economistas no debemos dejar pasar sin criticar.

La Comisión Europea se arroga así el derecho a intervenir casi a oscuras en un sector complejo (uno de los ejemplos más claros de mercados bilaterales o multilaterales), no solo para fijar a sin rigor algunos costes, sino para establecer qué agentes deben participar en el negocio, teniendo en cuenta que siempre hay que impulsar la transparencia.

Europa no debe centrarse en fijar límites a uno de los costes del uso de tarjeta sin plantearse al menos qué pasaría en los demás. Pero la Comisión topa las tasas de intercambio. Afirma que así ahorraría al comercio unos 6.000 millones de euros anuales, según los comisarios Barnier y Almunia. Su cálculo es que menores tasas generarían un mayor desarrollo de los mercados de pago, y el argumento es aceptable, como sucede con las bajadas de impuestos. Pero hay que calcular los efectos en cascada de ello, entr ellos el riesgo de que los bancos o entidades financieras afectadas tengan que subir otros costes para compensar esos 6.000 millones y los consumidores reaccionen consumiendo menor, lo que perjudicaría en última instancia tambien al comercio.

Ante esos fallos u omisiones de cálculo, algunos países comienzan a darse cuenta de que se trata de una regulación unidireccional y segmentada. Así lo hizo el Senado francés el pasado 26 de noviembre, al indicar que no cumple con el principio de subsidiariedad. Luego, a mediados de enero, Estonia reforzó esas críticas y alegó que la reducción de tasas restringiría la libre competencia y evitaría el desarrollo del mercado de pagos con tarjeta.

Si verdaderamente existen diferencias en el uso de la tarjeta y en la estructura de ingresos y costes de los diferentes países europeos, ¿por qué aplicar un tope y hacer que sea el mismo para toda Europa? ¿Por qué regular tan sólo una parte? ¿Por qué afectar a las operaciones de compra con tarjetas bancarias de crédito y débito del llamado sistema de 4 partes (Visa y MasterCard), y no afecta a las de los sistemas de pagos tripartitos o bipartitos, como los de American Express. Paypal y otros muchos nuevos operadores.

Estas y muchas otras preguntas deberían ser contestada por los legisladores europeos antes de tomar decisiones que afectan a la transparencia y la competencia en los mercados de pagos. El próximo 3 de abril está convocado para pronunciarse el Parlamento Europeo. Pero sea cual sea su decisión las normas de juego deben involucrar a mayor número de participantes, en lugar de discriminar, lo que favorecería enormente la eficiencia y la transparencia del sistema.

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