El Congreso aprueba hoy la ley que habilitará la privatización de la aseguradora Cesce

El Congreso dará hoy luz verde al proyecto de ley sobre cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la internacionalización de la economía española, que supone abrir la puerta a la privatización del 50,25% de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce). Toda la oposición, salvo CiU, rechaza esta iniciativa.

Tras una tramitación que comenzó el pasado mes de febrero, la Cámara Baja finiquitará el procedimiento con el debate de las siete enmiendas que se han introducido en el texto a su paso por el Senado. Una vez aprobadas, el proyecto se convertirá en ley y podrá ser publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para que entre en vigor.

Con estos cambios, se exime a los aspirantes a agente gestor del Cesce de contar con un informe de la Secretaría de Estado de Comercio para demostrar que no existe ningún conflicto de intereses para asumir el cargo, aunque dicho documento sí será necesario para participar en la adquisición de las acciones que el Estado tiene en la empresa, dentro de ocho años.

Además se precisa que la no existencia de conflicto de interés para poder prestar adecuadamente el servicio de interés general que se confiará al futuro agente gestor deberá mantenerse tanto en el momento de la designación como durante toda la vigencia del convenio.

En esta línea, se precisa que el conflicto de intereses existirá cuando el agente gestor “esté o pase a estar controlado directa o indirectamente por entidades que gestionan la cobertura de riesgos de internacionalización en otro estado o cuando se genere una vinculación significativa con dichas entidades”. Por ello, cualquier alteración de las “circunstancias relevantes” sobre el aspirante a gestor deberán ser comunicadas a la Secretaría de Comercio.

Por otra parte, se ha puntualizado que, si el proceso para elegir agente gestor queda desierto, será el Ministerio de Economía el que asigne las funciones al departamento que estime conveniente, pero ello no podrá conllevar “un incremento de las dotaciones ni de las retribuciones ni de los gastos de personal” para cumplir con la contención de gasto público exigida por los Presupuestos.

Finalmente, en el Senado se ha incluido una nueva disposición que modifica la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas para que, con vigencia indefinida, los bienes y derechos de titularidad de los Consorcios de Zona Franca destinados específicamente al desarrollo y dinamización económica y social de su área de influencia no sean considerados parte del Patrimonio del Estado.

Esto supone que su adquisición, gestión, explotación administrativa y enajenación “no se regirá por la normativa reguladora del patrimonio de las administraciones públicas”, aunque en todo caso deberá manejarse con criterios de eficiencia, eficacia, rentabilidad, publicidad, transparencia, concurrencia y objetividad. Además, tendrán que estar incluidos en el inventario correspondiente.

El resto de bienes y derechos del patrimonio de los Consorcios de las Zonas Francas, tanto propios como adscritos, sí se regirán según la norma de Patrimonio de las Administraciones Públicas, de 2003.

Con este proyecto de ley se crea la figura del agente gestor de la cobertura de riesgos para los que el mercado no ofrece aseguración, como los riesgos comerciales a largo plazo, los de desastres naturales o los de causas políticas (expropiaciones o conflictos armados, entre otros).

Así, durante los primeros ocho años (sin derecho a prórroga) será la propia Cesce la que actúe como agente gestor, pero luego se seleccionará a algún operador privado, preservándose los principios de idoneidad, transparencia, igualdad de trato, no discriminación y publicidad, entre otros.

Las funciones de control de riesgos que actualmente ejerce el consejo de administración de Cesce pasarán a ser ejercidas por una nueva Comisión de Riesgos, que reforzará el control público en la empresa tras su privatización y que tendrá nuevas funciones como valorar los riesgos asumidos por el agente gestor en nombre del Estado o comprobar se “maximiza la productividad y eficiencia” de la entidad.

Además, se crea un fondo de reserva de titularidad estatal para “facilitar la gestión de los recursos puestos a disposición del agente gestor para mejorar la calidad crediticia sin costes adicionales para las arcas públicas”. Este fondo contará con recursos procedentes de las primas, los recobros y las comisiones, aunque también se podrán aportar cantidades desde los Presupuestos.

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