Una reforma continua de las pensiones

Desde que comenzó la crisis económica, allá por el verano de 2007, el número de pensiones abonadas por la Seguridad Social se ha elevado cada año, hasta alcanzar ya los 9,3 millones; un 11% más que entonces por el inexorable envejecimiento de la población, compatible con una paulatina mejora de la esperanza de vida. Pero en el mismo periodo, y a pesar de la recuperación de cotizantes de 2014, el sistema de pensiones ha perdido unos tres millones de contribuyentes, el 8%.

La doble circunstancia de mucha más gente cobrando y mucha menos aportando acerca a la Seguridad Social a una situación financiera comprometida, con el ratio de cotizantes por cada pensionista más baja de la historia, y alarmantemente desplomada si se descuenta del cómputo al colectivo de perceptores de desempleo que se mantienen artificiosamente como cotizantes. La debilidad financiera ha llegado pese a las dos correctivas reformas de 2011 y 2013, una para prolongar y retrasar la edad de jubilación, otra para establecer un mecanismo de revalorización que se ajustase a los recursos financieros del sistema en cada año. Con ambos instrumentos se ha frenado el deterioro, se ha suavizado; pero la solución no resiste el juicio del largo plazo por el envejecimiento que está por venir, sobre todo pasados la media docena de años que faltan para que accedan al retiro los nacidos con el baby boom de los sesenta, y una vez que se hayan consumido, que se consumirán sin remedio, los recursos ahorrados en el fondo de reserva del sistema cuando las cosas iban financieramente bien. Se ha solucionado, en definitiva, el medio plazo, pero en absoluto el largo. Se precisa una reforma continua que vaya adaptando los recursos disponibles a las necesidades de pago o, por contra, que vaya ajustando los pagos a los recursos existentes.

En las últimas reformas se han mezclado convenientemente ambas opciones, y será lo que habrá que seguir haciendo en el futuro, puesto que el país no puede permitirse ni pagar pensiones de miseria en un país nuclear europeo ni sostener un sistema de retiro que no pueda financiar a través de cuotas o de impuestos.

Los legisladores tienen que hacer planteamientos más estratégicos, en los que se tenga en cuenta el marchamo demográfico de las próximas décadas, pero también el modelo industrial y de servicios del país, que será el que proporcione los cotizantes, y el espacio que reserva a los sistemas de previsión privada y al ahorro. Este es fundamental para compensar la incapacidad de la Seguridad Social y para que la ciudadanía no contamine sus expectativas de gasto por el temor a un retiro incierto. Y aunque no existe consenso político para hacerlo, debe existir el convencimiento en todas las grandes fuerzas políticas de que tal es lo que hay que hacer, a cada cual cuando le toque.

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