Un efecto multiplicador para el plan Juncker

La líder de la confederación de sindicatos europeos califica el plan Juncker como imposible milagro de multiplicación de panes y peces. El Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas pretende que 21.000 millones de financiación europea en forma de garantías generen 315.000 millones en inversiones privadas y un millón de empleos en tres años. Ha sido acogido con el habitual escepticismo por parte de los medios de comunicación, especialmente los británicos. Según dichos medios, no funcionará porque la cantidad inicial es ridículamente pequeña, las empresas tienen aversión al riesgo y un efecto multiplicador de 15 es utópico. Recordemos también que no se cumplió el Pacto de Crecimiento acordado por el Consejo Europeo en junio de 2012 que prometió 120.000 millones. Juncker tiene además graves problemas de credibilidad, y se argumenta que lo aprovecharán empresas que hubieran invertido sin los préstamos por valor de €62.000 millones que ofrecerá el BEI tras emitir bonos.

Todos estos argumentos son válidos. Draghi no parece aún decidido a comprar deuda soberana que liberaría capital privado que ahora se refugia en la deuda pública. Merkel anuncia orgullosa un presupuesto alemán sin déficit para 2015. Ante la falta de alternativa, exploremos con algo de optimismo el plan Juncker. Algunos de los ámbitos en los que pretende que inviertan las empresas son rentables, especialmente las infraestructuras de transporte y energéticas. Necesitamos la interconexión de las redes eléctricas para que el Gobierno alemán no siga derrochando recursos subvencionando energías renovables que se pierden en momentos de baja demanda por falta de capacidad de transmisión a otros países vecinos. Proyectos transnacionales como el gaseoducto Midcat apoyado por Rajoy evitará que Putin utilice el suministro de gas natural como chantaje. La construcción o mejora de puertos, aeropuertos o autopistas mediante partenariados público-privados es rentable, si se ejecutan bien.

El éxito del programa depende de los incentivos que se ofrezcan a las empresas. La política de competencia de la UE autoriza ayudas estatales como deducciones fiscales o préstamos a bajo interés en distintos supuestos. Las ocho excepciones se describen en los puntos 2 y 3 del artículo 107 del vigente Tratado de Lisboa. Se pueden aplicar todas a los objetivos del plan Juncker. Las excepciones son: ayudas que tengan carácter social y beneficien a los consumidores; las destinadas a la reconstrucción después de catástrofes naturales o situaciones excepcionales; las desplegadas en territorio de la antigua Alemania Oriental; las asignadas a regiones con un nivel de vida o tasa de empleo bajas; las dirigidas a proyectos que el Consejo considere de interés para Europa o para mitigar situaciones de adversidad económica en estados miembros; las que fomentan el desarrollo de determinados sectores económicos; las que promuevan la protección de la cultura y del patrimonio histórico, artístico, monumental y paisajístico; y otras categorías de ayudas que el Consejo apruebe a propuesta de la Comisión.

Los países de la UE y eurozona con superávits o déficits públicos que no exceden el 3% tienen margen para otorgar ayudas públicas a empresas y al fondo. Dejando de lado los estados miembros más pequeños, hay nueve países de la UE con superávit o déficits públicos que no superan el 3%: Alemania, República Checa, Dinamarca, Suecia, Países Bajos, Finlandia, Hungría, Bélgica e Italia. También pueden concederlas en una magnitud menor los que deben reducir su déficit por exceder el 3% (Francia, España, Grecia y Polonia) porque la Comisión las ha permitido para el sector financiero y los tratados las autorizan para situaciones extraordinarias. Aunque fruto de un modelo insostenible, España creó más de seis millones de empleos entre 1995 y 2005. Seamos algo más optimistas y reclamemos a las empresas que soliciten fondos públicos alineados con los objetivos del plan Juncker. En EE UU, cuyas infraestructuras envejecidas necesitan urgentes inversiones, la mayor patronal (US Chamber of Commerce) y el mayor sindicato (AFL-CIO) exigen al presidente y al Congreso que aprueben planes de inversión en infraestructuras. Previsiones realistas señalan que cada 1.000 millones de dólares en inversión en autopistas o carreteras crea entre 27.800 y 42.000 empleos anuales. El 32% de las autopistas y carreteras en EE UU se hallan en mal estado. La clave, como siempre, radica en los detalles. Hay que identificar proyectos con el máximo retorno. El plan Juncker no fija cuotas anuales y decidirá en función de rentabilidad. Europa cuenta con una oportunidad histórica para potenciar infraestructuras energéticas y de transporte transfronterizas. En EE UU, nuestras multinacionales de construcción y gestión de infraestructuras (Abertis, ACS, FCC, Ferrovial) ya han desarrollado numerosos proyectos. OHL ha ampliado sus operaciones adjudicándose contratos por valor de €93 millones en carreteras y ferrocarriles, incluyendo la zona de Chicago. EE UU no cuenta con ninguna línea de alta velocidad y se bromea que en Chicago solo las personas ebrias conducen recto por los múltiples baches. Sus conductores sobrios pronto podrán conducir en línea recta.

Alexandre Muns es profesor, EAE Business School.

 

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