Rajoy reclama a la UE medidas contra la fuga de impuestos

La petición española ha sido cursada por escrito y al máximo nivel, pues lleva la firma del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Y según fuentes diplomáticas, la presión de Madrid y de otras capitales ya ha empezado a reflejarse en las conclusiones de la cumbre europea que tendrá lugar el jueves y el viernes en Bruselas.

El borrador de esas conclusiones, pendiente de aprobación por parte los líderes europeos, señala que “es urgente avanzar en los esfuerzos para luchar contra la elusión fiscal y la planificación fiscal agresiva”.

La reacción de España llega tras los recientes movimientos de otros países contra la fuga de impuestos. Londres ha anunciado que impondrá un gravamen del 25% a las empresas que trasvasen beneficios con el único propósito de pagar menos impuestos. En España, el PSOE se ha mostrado dispuesto a aplicar un impuesto como el británico si llega al poder. A la presión política sobre Madrid para tomar posición se une la necesidad imperiosa de aumentar la recaudación para reducir el déficit público.

España, según el último informe de la OCDE, es el único país desarrollado donde la recaudación fiscal en 2013 (equivalente al 32,6% de su PIB) se sitúa todavía más de tres puntos por debajo de la de 2007 (36,4%), último ejercicio previo a la crisis. En el mismo período, la recaudación ha aumentado incluso en países como Grecia (del 30,9% al 33,5%) o Portugal del 31,3% al 33,4%). La propuesta de Rajoy, sin embargo, no plantea iniciativas unilaterales como la británica, sino que reclama medidas al presidente del Consejo, Donald Tusk, y al de la Comisión, Jean-Claude Juncker, para frenar la hemorragia que sufre el impuesto de sociedades en algunos países como consecuencia de la competencia presuntamente desleal de otros.

Más transparencia

La misiva de Rajoy “ahonda en la idea de encontrar instrumentos reales para evitar el fraude y la evasión fiscal”, según explicó ayer en Bruselas el secretario de Estado para Asuntos Europeos, Íñigo Méndez de Vigo.

El secretario de Estado resaltó el hecho de que ya se haya incluido una referencia a la lucha contra la evasión fiscal en las conclusiones de la cumbre europea.

El borrador de conclusiones da la bienvenida al proyecto de directiva anunciado por la Comisión Europea para imponer la obligación de que las autoridades de Hacienda en cada país informen al resto cuando alcancen acuerdos fiscales ad hoc con las multinacionales.

El proyecto de directiva es la respuesta del presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, al escándalo LuxLeaks. Ese informe periodístico ha revelado los acuerdos fiscales firmados por Luxemburgo con centenares de empresas cuando Juncker era primer ministro de ese país.

La directiva, si llega a aprobarse (necesitará la unanimidad de los 28 socios de la UE), permitirá conocer los términos de los acuerdos fiscales firmados por cada país. Esos acuerdos, en principio, no son ilegales. Pero la Comisión Europea sospecha que países como Luxemburgo, Holanda o Irlanda los utilizan para permitir a las multinacionales desviar los beneficios obtenidos en otros países y librarse así de buena parte de su tributación.

España duda de la utilidad del ‘plan Juncker’

España sigue sin creerse el plan de inversión anunciado por el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y atribuye a esas dudas la decisión de no presentar un listado exhaustivo de proyectos que podrían aspirar a los 290.000 millones de euros de capital privado que se pretenden movilizar.

“Existen todavía muchas incógnitas y el plan Juncker no es más que un esbozo”, señaló ayer en Bruselas el secretario de Estado para Asuntos Europeos, Íñigo Méndez de Vigo, tras una reunión del Consejo de Ministros de Asuntos Generales de la UE destinada, entre otras cosas, a preparar la cumbre europea de esta semana.

El borrador de conclusiones de esa cumbre se espera que dé luz verde al plan Juncker e inste a la Comisión a ponerlo en marcha a mediados de 2015 como muy tarde. Como paso previo, cada socio europeo, con la excepción de España, ha entregado a la Comisión un largo listado de proyectos que podrían financiarse con cargo a ese plan. “No hemos querido enviar una carta a los Reyes Magos”, señaló Méndez de Vigo en alusión a las propuestas, aparentemente fantasiosas, presentadas por las otras capitales, las cuales llegan a sumar 1,3 billones de euros, el triple de la máxima financiación prevista.

Méndez de Vigo defendió la prudencia de España “porque no sabemos muy bien en qué se va a traducir el plan Juncker ni de dónde va a salir el dinero”.

La desconfianza del Gobierno español hacia ese plan podría deberse a varias causas, según las fuentes consultadas. Por un lado, el plan no garantiza una cuota nacional de inversión; para países como España incluso podría suponer la pérdida de fondos estructurales. Por otro, algunos países quieren pedir a cambio un plan de reformas.

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