¿Por qué el recibo de la luz es un problema nacional?

El recibo de la luz cuenta con tres apartados: consumo, potencia contratada e impuestos. Solo los impuestos suponen más de una cuarta parte de la factura (21% de IVA y 4,864% de impuesto especial sobre la electricidad).

La primera parte de la factura es lo que se llama costes liberalizados: lo que cuesta generar esa energía. En segundo lugar, se incluyen los costes regulados, que están en manos del Gobierno y suponen el 56% del recibo (costes de distribución y transporte de esa energía hasta las casas, las subvenciones a las renovables, o el famoso déficit de tarifa).

¿Cómo se decide lo que cuesta la luz?

El precio de la energía eléctrica se decide en la subasta Cesur (Contratos de Energía para el Suministro de Último Recurso). En este mecanismo concurren las eléctricas (Endesa, Iberdrola, Hidrocantábrico, Unión Fenosa y E.ON) que van pujando (la cantidad que sale a subasta es determinada por el Gobierno) a la vez que conocen las ofertas de su competencia. De esta manera, pueden ir pujando por “vender la energía” a la baja. Se tratan, por tanto, de subastas descendentes que comienzan con un precio determinado bastante elevado que luego el subastador va reduciendo.

Un experto en Derecho de Energía y asesor en temas eléctricos que prefiere mantenerse en el anonimato califica las pautas del sistema como “poco claras y no garantizan el libre mercado”. “Con las actuales subastas, se puede aumentar el precio todo lo que se quiera porque, en realidad, nadie sabe bien qué factores están afectando al precio de la luz”, apunta.

Déficit de tarifa

Uno de los principales problemas en el sistema eléctrico español es el actual déficit existente. Desde hace casi una década, los sucesivos gobiernos han ofrecido la energía a un precio menor que el que costaba generarla. Como el dinero que pagaban los consumidores no llegaba para pagar el coste necesario para producirla, se ha acumulado una deuda con las compañías eléctricas que es lo que se conoce como déficit de tarifa.

Y ahora es cuando sale a la luz el problema: esa deuda contraída con las eléctricas (que son a la vez productoras y compradoras de energía) van a tener que pagarla directa o indirectamente los consumidores, y además con intereses. A día de hoy, el déficit de tarifa supera los 26.000 millones de euros (durante el 2013 se generaron otros 3.600).

Subvenciones a las renovables

Las subvenciones a las energías renovables han contribuido al aumento del déficit de tarifa con el que ahora nos encontramos. Las primas concedidas en 2013 representaron alrededor de 9.322 millones de euros. A día de hoy, el precio medio de producir un megavatio es de 50 euros, pero si lo produce la energía eólica son 90 euros, y si es la fotovoltaica, 450 euros.

El Gobierno, alentado desde Bruselas ha estado subvencionando al sector de las renovables desde 2005 bajo el pretexto de que estas energías son mucho menos dañinas con el medioambiente y aprovechan recursos naturales como la luz solar o el agua. Ahora, la reforma energética que impulsa el ministro Soria pretende que gran parte de ese dinero deje de ir a las renovables y se dedique a sufragar el insostenible déficit de tarifa.

Pobres energéticos

Entre tanto, España cuenta con más de cuatro millones de hogares que no pueden hacer frente a la cantidad mínima de energía necesaria para vivir, es decir, tener calefacción en invierno o agua caliente. Esto significa el 15% de los hogares, según la Asociación de Ciencias Ambientales.

Según un informe sobre indicadores eléctricos realizado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en enero, el bono social de la luz creado en 2009 para proteger a determinados colectivos vulnerables contaba a finales del año pasado con cerca de 2,5 millones de beneficiarios y ya permite disfrutar de descuentos superiores al 25%.

La Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) realizó en diciembre una propuesta legislativa con medidas para paliar los efectos de la pobreza energética, entre las que se incluía prohibir a las eléctricas cortar durante el invierno el suministro de luz a las familias que no pueden pagar por problemas económicos. Sin embargo, el PP rechazó aceptar a tramitación la propuesta en el Pleno del Congreso.

Por su parte, la Generalitat de Cataluña sí ha llevado a cabo de manera autónoma una reforma contra la pobreza energética. Ha sido la primera comunidad autónoma en impedir que corten el suministro a personas sin recursos. Las familias que no puedan pagar la luz o tengan abierto un proceso de reclamación, se les concederá una moratoria hasta abril. Así lo aprobó el Gobierno catalán mediante un decreto que reforma del Código de Consumo de Cataluña, que impide los cortes energéticos entre noviembre y marzo a las personas en situación de vulnerabilidad económica.

La solución del Gobierno

Por su parte, el nuevo sistema de fijación de precios de la electricidad que se pondrá en marcha a partir del próximo 1 de abril, y que el Gobierno ha asegurado que supondrá un ahorro para las familias españolas, contemplará tres opciones de facturación.

Entre las opciones, existirá la posibilidad de pagar en función del precio horario de la energía si se cuenta con un contador inteligente, o de aplicar la media del precio durante el periodo de consumo si se tiene un contador normal.

Fuente: http://www.elconfidencialdigital.com/te_lo_aclaro/recibo-luz-problema-nacional_0_2222177775.html