Macrocampaña del Gobierno: investiga a dos millones y medio de desempleados que cobran el paro

El ministerio de Empleo puso en marcha hace unos meses una estrategia para estrechar el control sobre el fraude y los intentos de engañar a la Administración en el cobro de cualquiera de las prestaciones de la Seguridad Social.

Ahora, según ha sabido El Confidencial Digital de fuentes del Gobierno, el departamento que dirige Fátima Báñez está dando otra vuelta de tuerca al control administrativo para reducir la picaresca en los beneficiarios del paro. No se trata, insisten, de una persecución contra los parados, sino de intensificar y luchar de manera efectiva contra el fraude en el cobro de prestaciones.

Nueva ronda tras ahorrar 3.000 millones

Esta nueva ofensiva se produce después de que, entre enero del 2012 y junio del 2013, los Servicios Públicos de Empleo (el antiguo INEM) retiraron la prestación a 159.793 personas en situación de paro, y a otras 360.779 se les suspendió el cobro por distintas razones.

Este primer control del fraude en la etapa Báñez supuso, estiman, un ahorro de 3.100 millones  en el gasto en prestaciones por desempleo.

Cumplir uno a uno todos los requisitos

Ahora se intensifican y amplían las investigaciones, explican, para detectar y sancionar con rapidez a cualquier persona que está percibiendo el subsidio sin no tener derecho a percibirlo.

Según las fuentes consultadas, los Servicios Públicos de Empleo están inspeccionando a alrededor de dos millones y medio de beneficiarios. Representan casi la práctica totalidad de los parados que aún mantienen la prestación en España, que se sitúan en una cifra próxima a los 3 millones de personas.

Casi dos millones de parados no cobran ningún tipo de prestación por desempleo, con datos de finales de febrero, una cifra que representa el 40 % de los 4.812.486  personas que estaban registradas en las oficinas del INEM al cierre de ese mismo mes.

Los focos de las exhaustivas revisiones

Las fuentes a las que ha tenido acceso ECD explican las situaciones concretas que los Servicios Públicos de Empleo están revisando al detalle:

– Que los beneficiarios del paro estén inscritos como demandantes de empleo y mantengan dicha inscripción durante todo el período de percepción de la prestación.

– Que esté afiliado y en situación de alta en la Seguridad Social, en un régimen que contemple la contingencia por desempleo.

– Que esté acreditada su disponibilidad para buscar activamente empleo y para aceptar una colocación adecuada, mediante la suscripción de un compromiso de actividad.

– Tener cubierto un período mínimo de cotización por esta contingencia de 360 días, dentro de los seis años  anteriores a la situación legal de desempleo, o al momento en que cesó la obligación de cotizar.

– No realizar una actividad por cuenta propia o trabajo por cuenta ajena a tiempo completo, salvo la compatibilidad establecida por un programa de fomento de empleo.

El cobro irregular del paro es delito

Hasta el momento, los fraudes en las prestaciones a la Seguridad Social, como es el caso del paro, se regulaban como si fuera una subvención normal, y la irregularidad tenía que alcanzar los 120.000 euros para ser considerada delito.

Ahora, da igual la cuantía: si de manera fraudulenta se están obteniendo prestaciones con dolo, se perseguirá penalmente al infractor.

Fuente: http://www.elconfidencialdigital.com/dinero/Macrocampana-Gobierno-investiga-millones-desempleados_0_2244975509.html