Lo prometido es deuda

La cuenta atrás que han vivido durante las últimas semanas los mercados y, en general, la zona euro, terminó ayer superando buena parte de las expectativas creadas. Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo (BCE), anunció por fin el histórico y prometido programa de compra masiva de deuda pública y privada que Europa ha estado aguardando con expectación. El BCE comprará finalmente títulos hasta septiembre de 2016 por un valor de 60.000 millones de euros al mes, lo que supone una inyección de capital de 1,14 billones de euros. Se trata de un verdadero torpedo de liquidez dirigido a combatir las dos grandes amenazas que planean desde hace meses sobre la economía europea: la temida vuelta a la recesión y una espiral de caída de los precios que podría concluir en deflación.

El denominado QE (quantitative easing) europeo no solo es un programa generoso en la cantidad, sino que está bien armado desde un punto de vista cualitativo. Serán los bancos centrales nacionales los encargados de asumir la mayor parte del riesgo –en un 80%– y el resto corresponderá al BCE. El programa se nutrirá de activos de entre dos y 30 años y su contenido podrá verse ampliado o prorrogado en caso de que la inflación no repunte hacia el objetivo que se ha marcado Draghi: cercana al 2%. Además, se trata de un programa de adquisiciones limitadas. No se comprará más del 33% de la deuda en circulación de un Estado ni del 25% de una emisión concreta. La medida es, sin duda, contundente, incluso más de lo que se rumoreaba estas semanas en los círculos de inversores y analistas.

Los mercados recibieron ayer con lógica satisfacción el anuncio de Draghi. El Ibex 35, que llegó a subir más de un 2% después de la rueda de prensa del italiano, cerró la jornada con una revalorización del 1,7%, un ascenso que permitió coronar los 10.500 puntos. La prima de riesgo española marcó 95 puntos básicos, un nuevo mínimo, y el euro cayó hasta niveles no vistos desde octubre de 2003.

Más allá del impacto del propio QE, las palabras del presidente del BCE sobre la receta que necesita la economía europea para salir del bache en que está inmersa fueron claras, severas y, sobre todo, realistas. No en vano, el camino que ha tenido que recorrer Draghi para cumplir su promesa se ha visto entorpecido por la oposición frontal de Alemania, cuyo Gobierno interpreta esta inyección de capital como una forma encubierta de rescate de las economías más débiles de la zona euro. Ha sido precisamente esa resistencia germana, junto a la falta de precedentes del programa en Europa y las críticas a su heterodoxia, lo que ha retrasado un golpe de mano que debería haberse dado mucho antes. Un retraso que no ha salido gratis, sino que ha supuesto, en términos de empleo y de estancamiento económico, una factura cuyo pago exigirá tiempo, esfuerzo y sacrificio. Draghi insistió ayer en algo que debería ser una enorme obviedad, pero que continúa sin calar en los Ejecutivos de las economías europeas. El hecho de que la actuación del BCE tiene sus límites y constituye únicamente la proa de un barco en el que toda la tripulación –desde el primero al último– tiene que hacer su trabajo.

Necesitamos acción de los Gobiernos y de la Comisión Europea”, volvió a clamar el presidente del BCE. La insistencia en que Europa ponga en marcha un proceso de reformas estructurales responde a los síntomas de una región que sigue sin contar con la flexibilidad suficiente como para alimentar el motor del crecimiento. Tras unos últimos años marcados por una severa austeridad fiscal que ha saneado, pero también golpeado, las economías, la tarea que toca ahora pasa por reformar legislaciones y liberalizar mercados, especialmente los de trabajo. El discurso de Draghi coincidía ayer con la publicación de los datos de la encuesta de población activa (EPA), que confirman que España creó más de 430.000 empleos en 2014, tras seis largos años de destrucción de puestos de trabajo. La economía española es un ejemplo del efecto de las reformas estructurales y de la necesidad de eliminar las rigideces que entorpecen la actividad empresarial. Pero España, y con ella el resto de los estados miembros, debe continuar en una tarea difícil que solo finalizará cuando Europa consolide el crecimiento.

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