Las amargas 12 uvas de los locales de renta antigua

Cuatro locales comerciales, cuatro negocios distintos –uno de ellos, centenario–, cuatro historias de esfuerzo e ilusión. Un mismo problema. Cuatro maneras de afrontarlo. El 31 de diciembre se cumple el plazo de 20 años fijado por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 1994 para la desaparición de parte de los contratos comerciales de renta antigua. Así se denomina a aquellos alquileres firmados antes del 9 de mayo de 1985. Podrían ser unos 75.000 en toda España.

Estos cuatro establecimientos madrileños ejemplifican la suerte que correrán cientos –tal vez miles– de comercios minoristas, hostales, bares, talleres de reparación, etc., cuando suenen las campanadas que marcan el final de 2014 y dan la bienvenida a 2015. La tradicional juguetería Así (Gran Vía, 47) ha conseguido retrasar el cierre hasta el 15 de enero y poder hacer la campaña de Reyes. Los amantes del jazz seguirán disfrutando de su cita diaria con el escenario del Café Central (plaza del Ángel, 10) a la espera de una decisión judicial. La propietaria de la centenaria bisutería Otero (calle Mayor, 28) anda aún en negociaciones con su casera. El Café Galdós (calle de los Madrazo, 10) muda de ubicación y de proyecto. Se traslada cerca, a la calle de la Virgen de los Peligros, y abandona el ocio cultural nocturno.

Las cifras de los negocios afectados en toda España bailan. Es imposible conocer el número exacto, según los expertos. La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) cifra entre 75.000 y 70.000 el número de inmuebles en esta situación. La empresa de valoración, análisis y consulta inmobiliaria Tinsa establece una horquilla de entre 65.000 y 80.000. Para la Confederación Española de Comercio, la medida impactará en uno de cada cien locales en régimen de alquiler.

Hay otro número que también danza, el de la cantidad de autónomos o de empleados que podrán quedarse en la calle. “Es imposible saber cuántos se verán afectados. Es razonable pensar que serán unos 40.000 autónomos. Y algunos de estos establecimientos comerciales tienen personal. Serán entre 80.000 o 100.000 asalariados los que pierdan su puesto de trabajo”, advierte Sebastián Reina, secretario general de la UPTA. “Además, son contratos laborales de calidad. Hablamos de gente mayor que lleva muchos años trabajando”, añade.

En la tienda originaria de la juguetería Así, fundada en 1942, atienden ocho dependientas a las clientas –son en su mayoría mujeres– que buscan una muñeca o un peluche. “La que menos lleva con nosotros aquí está hace cinco años. Son mujeres de entre 40 y 45 años”, relata apesadumbrada Susana Eznarriaga, bisnieta del fundador.

En el caso del Café Central, serán 35 trabajadores los que reciban el finiquito, si finalmente echan el cierre. Aún no lo saben. En su web, por si acaso, está ya colgada la programación de enero. Un acto de resistencia ante un requerimiento que llegó en primavera en manos de un notario. En él se les exigía que dejasen el local “libre, vacuo y disponible” el 1 de enero. No ha habido negociación.

Los propietarios de este espacio, que lleva 32 años dedicado al jazz, se aferran a un juicio como última opción. Gerardo Pérez, responsable de la programación musical y uno de los socios fundadores de este local, por cuyo escenario han pasado artistas de la talla de Tete Montoliu o Paquito de Rivera, defiende que el suyo no es un alquiler de renta antigua. Pagan unos 5.000 euros al mes, según cuenta. “Lo alquilamos por 81.000 pesetas [487 euros] en 1981 y en 1991 subió a 200.000 [1.200 euros]. Además, nuestro contrato se ha ido actualizando con el IPC”, argumenta. Su otra baza son unas obras que, afirma, les obligó a realizar la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid hace dos años y que los arrendadores aún no han terminado. “Nos tienen que dejar el local tal y como lo alquilamos”.

El significado monetario del término renta antigua es otro de los elementos que bailotea en este asunto. Muchos de los precios de alquiler se han ido actualizando con el IPC o renegociando cada vez que se hacía una reforma en el local o simplemente pasaban los años. Eso sí, a pesar de ello, están alejados de las cantidades que podrían alcanzar ahora en el mercado.

La juguetería Así empezó pagando unas 3.000 pesetas (18 euros) por los 200 y pico de metros que ocupa. Ahora su alquiler ronda los 10.000 euros. Una cifra considerable, pero alejada de los 50.000 que les ha pedido el propietario del local. El metro cuadrado en la Gran Vía puede alcanzar los 230 euros, según el informe Retail High Street de la compañía inmobiliaria mundial JLL. “Entiendo la ley. No comparto algunas cosas, pero lo entiendo. Y al propietario”, asegura conciliadora Eznarriaga. “Pero cuando la Gran Vía vivía sus horas bajas, yo continué pagando a precio de mercado”, se indigna, sin embargo.

“¿Cuántas muñecas tendríamos que vender para poder hacer frente al pago de esa cantidad”, se pregunta Eznarriaga. Su negocio continuará en las otras tres tiendas con las que cuentan en Madrid y la que tienen en Ávila. También venden en algunos centros de El Corte Inglés de Madrid, Sevilla, Bilbao y Valencia. Perderán, no obstante, la más conocida. Y sobre todo, según dice, perderá mucho emocionalmente. “Mi padre conoció a mi madre cuando ella, con 16 años, era dependienta aquí. Cuando él murió, ella se puso al frente”.

Quienes no han recibido ninguna propuesta de los propietarios del local son los dueños del Café Galdós. La única comunicación, afirman, ha sido un burofax en el que se les anunciaba que el 1 de enero tenían que entregar las llaves. “En el edificio, que es todo suyo, ya no queda ningún vecino”, relata Ramiro González, el gerente de este café que nació en 1982 con vocación de continuar con la tradición de la tertulia literaria en la capital. Empezaron pagando unas 125.000 pesetas (720 euros). Ahora también ofrecen actuaciones teatrales y el alquiler mensual alcanza los 2.200 euros.

El año que viene abrirán un nuevo espacio de restauración, a escasos metros, en el que ofrecerán desayunos, comidas y meriendas. “Todo lo que es cultural en Madrid no funciona. Entre el IVA cultural, las licencias, la persecución del ayuntamiento, no compensa”, critica con cierto enfado González. “Madrid pierde imagen y esencia para el turismo. Todos los comercios que nos dotan de historia están desapareciendo”.

Una opinión compartida por Almudena Zarco, quien regenta desde 1985 la bisutería Otero, abierta en 1905 por su abuelo. “Cuando vas a una ciudad, vas buscando lo más representativo de ella. El estilo de París no es el de Londres”, comenta entre los abalorios que llenan los 40 metros de su local de la calle Mayor, uno de los pocos de esta céntrica calle capitalina no dedicado a la venta de souvenirs o en manos de franquicias o tiendas de ropas de marcas presentes en todo el mundo. “Lo que yo vendo no lo hace nadie más. Tengo piezas de principios del siglo XIX. Todo fabricado en España”.

Zarco aún conserva la esperanza. No ha empezado a recoger ni ha hecho nada. Está negociando con la propietaria. “Tengo la suerte de que nuestra casera está dispuesta a hablar”. Además de la cercanía con la casera, algo que no comparten aquellos comerciantes cuyos inmuebles son propiedad de fondos de inversión, cuenta con otro as en la manga. Se acordó hace poco de que a su madre le subieron el alquiler en 1995. Un 500%, según ella.

Ahí podría estar la clave de la continuidad de su negocio, ya que la LAU de 1994 marcaba que aquellos arrendatarios, que abonasen íntegramente la actualización de la renta exigida en la norma en el primer mes después de su entrada en vigor, tendrían un prorroga de cinco años más. Su fecha límite sería, por tanto, el 1 de enero de 2019. Si esto no funciona, Zarco solo ve una alternativa: vender su mercancía en ferias y por internet. “Un espacio como este, en sintonía con el negocio, ya no existe”.

Un impacto mitigado por un fin anunciado

Era una historia anunciada, un final conocido desde hace dos décadas. Los casi últimos contratos de renta antigua firmados antes del 9 de mayo de 1985 se extinguirían al sonar las campanadas en 2014. Automáticamente, el destino de los negocios quedaría pendiente de la voluntad de los arrendadores.

Los últimos finalizarán cuando se jubilen o mueran aquellos autónomos o sus cónyuges (personas físicas) que los poseen. O cuando el 31 de diciembre de 2019 expire el plazo de aquellos que actualizaron el alquiler en 1995, dentro del primer mes en que la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 entró en vigor. Durante los 20 años transcurridos muchos de los comercios afectados ya han desaparecido o han llegado a un acuerdo con los dueños de los locales. Aquellos que tenían una superficie superior a 2.500 metros cuadrados ya vieron sus contratos rescindidos hace años.

Así pues, el impacto del fin de la moratoria se verá aminorado. “En origen eran unos 200.000 los negocios afectados. A principios de 2014 quedaban aproximadamente la mitad”, recuerda Sebastián Reina, secretario general de la UPTA. Entre 25.000 y 30.000 han llegado a un acuerdo, según los datos de esta organización, que aconseja a aquellos que no han logrado renovar sus contratos ponerse en manos de abogados especializados en la materia para poder acudir a los tribunales. “No va a haber un boom de disponibilidad de locales”, afirma convencida Noelia López, consultora de Retail High Street de la inmobiliaria JLL. “Los espacios de renta antigua en zonas de primera importancia comercial ya han sido negociados”, señala. Diferente puede ser lo que ocurra con aquellos que se encuentran en zonas consideradas secundarias. Esta experta considera, sin embargo, que en estos casos los arrendadores estarán dispuestos a cobrar precios inferiores a los del mercado. “Preferirán un alquiler menor a tener el local vacío”. Y es que como ahora justifican las voces que reclaman que no caduquen estos contratos, la moratoria de 1994 se estableció debido a las dificultades económicas que atravesaba España en aquellos años.

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