Báñez contrata una consultora privada para luchar contra el fraude

El Ministerio de Empleo ha justificado la contratación de una consultora privada para realizar labores de minería de datos en la lucha contra el fraude laboral afirmando que no se trata de una externalización del servicio sino únicamente de un “apoyo de personal especializado en las tareas que exige el nuevo Plan estratégico para la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social y en la adaptación de los procedimientos actuales a la utilización de nuevos recursos tecnológicos”.

Así lo señala en respuesta al portavoz de Empleo de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en el Congreso, Joan Coscubiela, quien el pasado mes de enero preguntó por escrito al Gobierno acerca de este asunto, tras la información del diario ‘El Mundo’ de que el departamento que dirige Fátima Báñez gastará 5 millones de euros por contratar durante 24 meses a ocho analistas de una consultora privada para luchar contra el fraude laboral.

En su respuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Ejecutivo confirma la contratación aunque matiza que el coste de licitación cercano a los 5 millones de euros incluye tanto la base de licitación (2,08 millones) como la posible prórroga (2,08 millones) y el importe de las modificaciones previstas (833.479 euros), recordando que esas ampliaciones presupuestarias podrían no ser necesarias.

Nuevos modelos de lucha contra el fraude

El Ejecutivo señala además que la prevención y detección precoz de las conductas irregulares en el ámbito de la Seguridad Social exige procedimientos para analizar “los riesgos” de fraude a partir de la “definición de patrones de referencia en el ámbito de la afiliación, cotizaciones y recaudación”.

Para ello, la Tesorería General de la Seguridad Social “dispone de recursos humanos con capacidad, conocimientos y experiencia suficiente, y que día a día realizan su labor” de aflorar economía sumergida, impedir el fraude en el pago de cuotas, combatir los supuestos de aplicación y obtención indebida de bonificaciones o reducciones de cotizaciones empresariales, o identificar situaciones fraudulentas en el acceso y percepción de prestaciones.

“Sin embargo, la implantación de los nuevos modelos de lucha contra el fraude requiere también el manejo de herramientas de análisis y técnicas predictivas que permitan la detección de patrones de comportamiento en el momento actual para así predecir posibles actuaciones a futuro”, apostilla el Ministerio, justificando así la contratación de “analistas de datos con experiencia en el uso de herramientas para el desarrollo y aplicación de modelos de minería de datos”.

Expertos que saben cómo utilizar modelos de segmentación, predicción, estadísticas y relación, y que tienen conocimientos en materia de “análisis, limpieza y depuración de datos, selección de indicadores, aplicación en casos reales, análisis forense y uso de herramientas de visualización de relaciones para el análisis de resultados”.

Unas capacitaciones que, aunque el Gobierno no lo dice expresamente, parecería que los funcionarios de la Tesorería General de la Seguridad Social parecerían no tener, lo que haría necesario recurrir a este apoyo externo.

Referencia mundial

Sin embargo, Coscubiela discrepa de estas interpretaciones y argumenta que esta contratación se enmarca en “un proceso de privatizaciones parciales constantes por parte del Gobierno”, que afectan particularmente al ámbito de Empleo, donde el servicio informático está “privatizado al 80%” y que también ha “externalizado” la impresión y envío de las vidas laborales o la elaboración de un estudio sobre la formación de los empleados de la Tesorería.

“Todas estas funciones podrían ser ejercidas por el personal funcionario”, defiende el diputado catalán, que en declaraciones a Europa Press insiste en que “se están utilizando medios externos para hacer trabajos que se podrían hacer perfectamente con recursos de la Tesorería General” porque es “una de las administraciones más modernas y con mayor innovación tecnológica en toda Europa tanto en el tratamiento de datos como en el análisis de nuevos programas”.

Coscubiela, que representó a CC.OO. en el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), asegura que la Tesorería es “de largo” una de las administraciones “con mayor experiencia con tecnologías punteras” en el ámbito del ‘data mining’, tal y como se reconoce tanto dentro como fuera de España, y defiende que sus trabajadores “pueden hacer perfectamente la tarea” que se encomendará a la consultora privada.

“De nuevo estamos ante un comportamiento en el que el Gobierno usa unas supuestas limitaciones del sector público para generar oportunidades de negocio a terceros. Con la cantidad de cosas que han sido capaces de hacer los funcionarios de la Tesorería de la Seguridad Social, ¡cómo no van a poder hacer esto!”, se pregunta el diputado de ICV.

En este sentido, hace un parangón entre este caso y la intención del Ejecutivo de privatizar el Registro Civil, señalando que si alguno de estos departamentos no funcionan lo que debería hacerse es “poner en marcha medidas para que funcionen”. “Pero no tiene sentido mantener sus costes y, en paralelo, hacer una encomienda de gestión, haciendo pagar a los ciudadanos dos veces por la misma cosa”, zanja.

 

Fuente: http://com.cincodias.feedsportal.com/c/33500/f/624601/s/390c0ce2/sc/36/l/0Lcincodias0N0Ccincodias0C20A140C0A40C0A60Ceconomia0C139680A120A60I4618510Bhtml/story01.htm