39.000 millones para ayudar y controlar a las autonomías

El Estado ha aportado desde 2012 más de 85.000 millones de euros a las comunidades autónomas para que hicieran frente al abono de su deuda comercial (plan de pago a proveedores) o al déficit o los vencimientos de la deuda (fondo de liquidez autonómica). Una cantidad ingente de dinero que ha llevado al Ejecutivo a ser el acreedor del 36,72% del pasivo que tienen las comunidades autónomas, ya que estas adeudaban 232.010 millones hasta el pasado mes de septiembre.

La estadística muestra las grandes diferencias existentes entre las autonomías más cumplidoras desde el punto de vista fiscal, como Aragón, Castilla y León, Galicia, La Rioja o Madrid, y las más incumplidoras, como Cataluña, Castilla-La Mancha o Andalucía. Las deudas de las del primer bloque en manos del Estado no superan en ningún caso el 6% del total de su pasivo, mientras que las del segundo llegan hasta el 55% del total, como sucede con Castilla-La Mancha.

El Ejecutivo piensa seguir con esa línea y no descarta convertirse a medio plazo en el acreedor del 100% del pasivo de la deuda autonómica, tal y como confirmaron fuentes de Hacienda en un encuentro con medios de comunicación celebrado hoy. Una posición que le permite dar oxígeno financiero a las regiones y al mismo tiempo mantener un control sobre sus cuentas, siempre modulándolo en función del cumplimiento de éstas con el déficit, la deuda y los períodos de pago a proveedores.

Así figura en el real decreto que aprobó hoy el Consejo de Ministros y que mañana sábado se publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en el que se detalla el proyecto de mutualización de deuda. En concreto, el Estado va a aportar 38.869 millones para 2015 dividido en tres grandes partidas: 28.100 millones para el Fondo de Liquidez Autonómica (para aquellas regiones que no puedan financiarse en los mercados), 12.880 millones para el de Facilidad Financiera Autonómica (para aquellas que cumplen sus objetivos de estabilidad presupuestaria y el pago a proveedores) y 1.282 millones más para el denominado FLA social (dirigido a las autonomías con impagos en los contratos de servicios con sus ayuntamientos).

Todos ellos tienen beneficios y contrapartidas. Las que se acojan al FLA no pagarán intereses en 2015 para la deuda que contraigan con el objetivo de financiar déficit, vencimientos de deuda nacional y extranjera, deuda comercial y liquidaciones negativas pendientes. A cambio, tendrán que cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria y en caso de que no lo hagan, tendrán que presentar planes de ajuste para cumplirlos.

Los que se adhieran al fondo de Facilidad Financiera tendrán tipo cero en la deuda para 2015, 2016 y 2017 y tan solo deberán remitir información trimestral sobre sus cuentas, según confirmaron esas mismas fuentes. Hacienda calcula que solo el ahorro en intereses de la deuda para las comunidades cumplidoras como para las no cumplidoras será de 2.135 millones en 2015. Por último, el FLA social servirá para que las autonomías paguen las deudas que arrastren de convenios firmados con ayuntamientos. El plazo fijado por Hacienda para adherirse a cualquiera de los tres fondos concluirá el 20 de enero.

A los ayuntamientos se destinará una partida de 1.000 millones para el pago de deuda, a lo que se unirá la posibilidad que los municipios que tengan sus cuentas saneadas destinen parte de su superávit a inversiones ligadas a la sostenibilidad.

El pulso con Madrid no se modera

Madrid fue la única comunidad que se opuso el martes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera al plan de mutualización de la deuda al considerarlo una injusticia para las comunidades que cumplen sus objetivos fiscales. El consejero de Economía y Hacienda, Enrique Ossorio, insistió en el argumento. “Es una injusticia tremenda, pues supone dar más recursos a las regiones incumplidoras con los objetivos de déficit o las que registren más deuda”, afirmó el viernes durante una visita a una cadena de jugueterías.

Una crítica que fue rápidamente contestada por fuentes de Hacienda, que calcularon que la negativa de Madrid a adherirse a los mecanismos de financiación, como el FLA o el plan de pago a proveedores, le ha supuesto un sobrecoste de 875,8 millones de euros entre 2012 y 2014, al haberse financiado a tipos superiores a los del Tesoro. El Ejecutivo madrileño, que cumple los objetivos de estabilidad presupuestaria y que podría beneficiarse de tipos cero para la deuda entre 2015 y 2017 (Hacienda calcula que ahorraría 155 millones de euros) no está dispuesta, por ahora, a acogerse al fondo de Facilidad Financiera, ya que el incumplimiento de los plazos de pago le llevaría al FLA y a aceptar nuevas condiciones.

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