10-N, una solución para Cataluña

La espiral soberanista iniciada por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña hace dos años, con la convocatoria de un referéndum independentista, debería haber concluido ayer con la celebración del simulacro de consulta en que ha devenido tal promesa política irrealizable en estas condiciones. Pero bien podría prolongarse si ciertos políticos catalanes, enrocados en un proyecto inalcanzable por la vía de quebrantar sistemáticamente las normas, decidiesen ahora utilizar el sondeo de ayer, sin valor político ni jurídico alguno, como catapulta para dar pasos adicionales de confrontación. El comportamiento pacífico de la ciudadanía catalana en la jornada de ayer, tanto de la que se acercó a la llamada de unas urnas de valor simbólico como la que no lo hizo, es un mensaje inequívoco de lo que necesita y desea: negociación pacífica entre los Gobiernos de España y de Cataluña para ajustar las aspiraciones de una sociedad que se considera no del todo bien tratada y cuya solución tiene eminente base económica y financiera.

Está, ahora más que nunca, en manos del presidente Artur Mas buscar una salida apalabrada con Mariano Rajoy, pese a que su actitud durante el proceso por él mismo iniciado, y que ha plagado de actitudes claramente discutibles para tratarse de un representante del Estado, sugiere que no será sencillo, en buena medida también por la inmovilidad de Madrid. Pero bien podría Artur Mas, repitiendo errores no muy alejados en el tiempo, doblar la apuesta soberanista y acudir a una convocatoria electoral anticipada buscando un carácter plebiscitario que sus socios hasta ahora le niegan, por entender que tal arreglo sólo salvaría la cabeza de un presidente que está desautorizado tanto jurídica, como política y electoralmente.

El independentismo catalán es tan legítimo como cualquiera otra idea colectiva pacífica nacida en la sociedad, y como tal dispone del espacio otorgado por los electores catalanes. Pero en los últimos años ha sido irresponsablemente agitado por los partidos nacionalistas como vía alternativa a las soluciones de sacrificio que la situación de la economía exige a todas las sociedades del sur de Europa, una crisis brutal como la desatada en 2007, y que de manera abnegada todas han emprendido. La crisis ha funcionado como inevitable acicate de tales inquietudes, dado que ha nublado las expectativas vitales de la población, que ha querido divisar en la independencia una vía de salida a su preocupación vital.

Por ello, buscar una alternativa socioeconómica consistente a la población que más soporta la crisis y que encuentre acomodo a sus inquietudes es parte de la solución, sin que por ello deba esquivarse en el largo plazo un encaje diferenciado a la situación catalana, al menos si se consolida un elevado grado de soberanismo más allá de la crisis.

Afrontar la crisis económica es, por tanto, más urgente, puesto que está en juego el bienestar del corto y medio plazo de la población. El 10-N debe dar respuesta primero a esta circunstancia, sosegando el clima político y garantizando la continuidad de la legislatura en Cataluña con un pacto parlamentario comprometido a ello. Algunos movimientos se han registrado en los salones catalanes en las últimas semanas encaminadas a tal fin, e incluso hasta declaraciones públicas y ofrecimientos de pacto hay en tal sentido. Y dado que es responsabilidad de todos, no debe descartarse ninguna opción. Únicamente la que pretenda huir hacia adelante en la espiral irresponsable del independentismo. En el empeño debe estar también el Gobierno central, abierto al diálogo para superar un episodio que, si no encuentra una salida convincente, se reproducirá con una mayor crudeza en el futuro.

Una solución para Cataluña no es ni más ni menos que una buena parte de la solución para España. Y si no se logra, comenzará a pesar en la percepción que los inversores tienen sobre una economía que se recupera, pero que sigue cogida con alfileres. Superada la crisis, sosegados los ánimos y reanalizadas las opciones, y tal vez no ya en esta legislatura, el Ejecutivo central, junto con los territoriales y todas las fuerzas políticas, debe abrir una discusión serena para reajustar la estructura de gobernabilidad del país, salvando lo bueno que ha aportado el estado autonómico y eliminando lo perverso.

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