Archive for 30/04/2012

España sufre la peor fuga de capitales desde que se recrudeció la crisis

La prima de riesgo no sube porque sí, sube porque cada vez hay menos dinero procedente del exterior -y también del interior- dispuesto a apostar por España. Los denodados esfuerzos del Gobierno por tranquilizar a los mercados con reiterados anuncios de reformas y recortes caen en saco roto. No en vano, la prima de riesgo española continúa por las nubes -hoy en el entorno de los 420 puntos básicos-, cuando a comienzos de año apenas superaba los 300.

Los extranjeros llevaban sacando dinero de España desde hace meses, lo que ha disparado la prima de riesgo. La mala noticia es que los últimos datos revelan que también los españoles se suman con fuerza a esta tendencia. Por primera vez desde febrero del año pasado, los ahorradores nacionales desinvirtieron en deuda pública y acciones, al llevarse 2.177 millones a otros países. También vaciaron sus depósitos y otros instrumentos del mercado interbancario -como repos– para mandarlos fuera: transfirieron 11.349 millones.

En total, la fuga de capitales españoles del pasado febrero alcanzó los 13.526 millones, según los datos de la balanza de pagos publicada hoy por el Banco de España. Es la peor cifra desde que se recrudeció la crisis, con el estallido de los problemas con la deuda pública europea, en el verano de 2010. Entonces, la rentabilidad de la deuda española se disparó y el aprovisionamiento de liquidez por parte de las entidades financieras nacionales entró en serio peligro.

La serie histórica recogida por el organismo que dirige Miguel Ángel Fernández Ordóñez no incluye una cifra tan abultada. Le van a la zaga, eso sí, las de mayo del año pasado (11.614 millones de salida entre deuda pública, acciones, depósitos y repos), y de octubre de 2010 (10.192 millones). En los últimos 17 meses hasta febrero, la salida acumulada de capital español hacia el extranjero ha superado en términos netos los 13.000 millones de euros, equivalentes al 1,2% del Producto Interior Bruto (PIB) español de 2011.

Los extranjeros huyen

El saldo de los inversores nacionales fue negativo en febrero, pero el de los extranjeros fue todavía peor, pues continuaron sacando dinero a carretadas de España. En febrero, 17.000 millones y los últimos 12 meses, más de 113.000 millones, el 10,5% del PIB. Si se suma el dinero que se llevaron los inversores nacionales, la salida supera un escalofriante nivel de 28.000 millones.

Las inversiones de cartera de los extranjeros en España -de las que aproximadamente el 80% es deuda pública y el 20%, acciones- se redujeron en febrero en 3.884 millones de euros, mientras que el apartado denominado “otras inversiones” -que incluye depósitos, repos y préstamos- arrojó una disminución de 13.460 millones.

La buena noticia -la cursiva no es casual- está en que, aunque los capitales extranjeros todavía no han comenzado a retornar, sí se aprecia un freno en la profunda tendencia de los últimos meses. Así, en enero se fueron 5.047 millones en inversiones de cartera y 4.667 en instrumentos del mercado monetario. En diciembre fueron 15.152 y 19.390, respectivamente, y en noviembre 2.603 y 16.675.

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Standard & Poor’s hunde a Sabadell y Banca Cívica en el bono basura

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Banco malo vs. rescate de los bancos españoles

El Gobierno de España y los bancos están discutiendo un nuevo esquema para segregar los préstamos de propiedad problemáticos en una o más empresas de gestión de activos para aliviar la carga de los prestamistas con dificultades. El plan está siendo desarrollado por el ministro de Economía Luis de Guindos, en consonancia con la recomendación del FMI.

El banco malo es el más reciente intento de Mariano Rajoy, que prefiere llamar a este esquema “pool inmobiliario”, para evitar un programa de rescate internacional del tipo de Grecia, Irlanda o Portugal.

Los ministros habían asegurado que no había necesidad de un banco malo al estilo irlandés, pero distintos economistas dicen que la crisis es tan grave que los bancos más débiles necesitarán una recapitalización adicional de 100.000 millones de euros.

Una opción es un rescate estatal financiado por los fondos de rescate de la UE, pero España quiere evitar un golpe a su credibilidad y las estrictas condiciones que conllevan este tipo de ayudas. En el discurso de clausura del Congreso del PP de ayer, Rajoy reiteró el compromiso de su partido se seguir acometiendo “dolorosas reformas económicas”. “España necesita, y necesita con urgencia, cambios estructurales profundos, no escaparatismo, con el fin de crecer y crear empleo”, aseguró.

El equipo de Gobierno del PP insiste en que el régimen no debería ser llamado banco malo, porque no va a ser una entidad de crédito propiamente dicha y porque genera la impresión de que detrás hay dinero del Estado. Sin embargo la finalidad es la misma: la constitución de sociedades de liquidación donde las entidades financieras traspasen sus activos tóxicos, para poder volver a prestar dinero y captar ahorros.

Esto plantea la cuestión de cómo se va a ayudar a los bancos tratando de conseguir provisiones para préstamos de otros y fortalecer su capital. Los que apoyan este esquema aseguran que aliviará a los bancos de la carga de tratar de vender casas para poder concentrarse en su tarea de conceder crédito al sector privado. Aseguran también que esta opción es mejor que un rescate del sistema bancario financiado por el Estado o la UE.

La semana pasada, el FMI identificó a dos bancos que estaban siendo respaldados por el Estado, uno de ellos Bankia, ya que era necesario “tomar medidas rápidas y decisivas para fortalecer sus balances y mejorar la gestión y prácticas de gobierno”.

En una revisión quinquenal del sistema bancario español, El FMI dijo que las opciones para la gestión de los activos deteriorados incluye “la creación de empresas públicas o privadas especializadas en gestión de activos”.

Algunos analistas aseguran que España puede acabar cediendo y aceptando ayuda de los fondos de rescate de la UE para recapitalizar sus bancos.

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Las pernoctaciones en alojamientos extrahoteleros crecen un 2,2% hasta marzo

Las pernoctaciones en marzo superaron los 5,3 millones, con un aumento del 6,5% de los residentes, 1,2 millones, y un descenso de los no residentes del 1,9%, 4,1 millones. La estancia media en marzo fue de 5,9 noches por viajero, con una caída de un 5,2% respecto al año anterior.

Las tres modalidades de alojamiento extrahotelero registraron diferentes evoluciones, pues mientras que en caso de los apartamentos caen un 0,6%, los cámping crecen un 2,5% y los alojamientos rurales descienden un 0,6 %. En cuanto a la evolución de los precios, se registró una subida del 1,3%, una tasa inferior en 1,2 puntos a la del mes precedente.

Las pernoctaciones en apartamentos turísticos realizadas por los no residentes cayeron un 2,3% frente a un aumento del 10 % de los residentes, con una estancia media de 7,4 noches por viajero, que supone una reducción del 4,5%. Las noches de los no residentes suponen el 84,6% del total, destacando el Reino Unido como mercado emisor con un total de 901.572 pernoctaciones, un 8 % menos que en marzo del año pasado.

El siguiente emisor es Alemania, con 561.654 pernoctaciones, un 11 % menos. Los destinos preferidos de los turistas que optaron por este tipo de alojamientos fueron Canarias, con un descenso del 4 %, y Andalucía, que aumentó un 2,7%.

En cuanto a los cámping, las estancias de los residentes aumentaron 7,2%, mientras que las de los no residentes se mantienen constantes.

Se ocuparon el 32,5% de las parcelas ofertadas, un 2 % menos, y el 64 % de las pernoctaciones las realizaron personas que provienen del Reino Unido, con el 34,3% del total. En alojamientos de turismo rural las pernoctaciones de los residentes bajaron un 0,6 %, mientras que las de los no residentes descendieron un 0,4 %.

La evolución de las pernoctaciones en todos los alojamientos turísticos colectivos (incluyendo hoteles) indican que se ha registrado un descenso interanual del 2,7% en marzo, con una pernoctación media de 3,4 noches por viajero, con un descenso del 2,9%.

Del total de las pernoctaciones realizadas en marzo, 22,8 millones, el 76 % corresponde a los hoteles y el 24 % a los alojamientos extrahoteleros.

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Funcionarios y psicólogos

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Si es para devolver la confianza, "nos fusionamos los cuatro"

Hace cuatro años que el foco de los mercados se fijó en España y en su sistema financiero, y desde entonces la intensidad de su atención no ha hecho más que acrecentarse. “Hay que matar la incertidumbre lo antes posible”, declaraba la semana pasada el consejero delegado de BBVA, Ángel Cano, quien cree, como todos sus homólogos, que España lleva mucho tiempo en el periscopio de la desconfianza.

Hay que acabar con la incertidumbre, sí. Pero los medios empleados hasta ahora para ponerle fin no han dado resultado, y eso que el diagnóstico coincide: la desconfianza se centra en la banca, explican los expertos consultados. Y eso que desde que se inició la crisis el sector ha destinado 140.000 millones, el 15% del PIB, a su saneamiento, incluyendo los 53.000 millones reclamados en la reforma financiera.

Economía también quiere acabar con la incertidumbre ya. Y para ello, al margen de volver a plantear la creación de sociedades inmobiliarias (un banco malo edulcorado) para que la banca separe sus activos vinculados al ladrillo y suelo, acaba de impulsar más fusiones y acelerar el saneamiento de Bankia, una vez que el Fondo Monetario Internacional (FMI) pusiese el acento de la reforma financiera en esta entidad y en otras nueve, casi todas con ayudas públicas.

El equipo económico del Gobierno ha puesto nuevos deberes a BMN, Liberbank, Ibercaja y Unicaja, bancos y cajas que esperaban mantenerse al margen de nuevas fusiones hasta final de año. Eso sí, parece que la integración se realizará de dos en dos. “Más tarde puede que se llegue a la unión de las cuatro en una sola firma, pero ahora lo más lógico es que las uniones se hagan paso a paso”, señalan fuentes próximas a estas entidades. De producirse la fusión de los cuatro se crearía un grupo de 270.000 millones de euros de activos, y se convertiría en el quinto banco de España.

“La realidad es que todos hablamos con todos desde hace tiempo, pero no para abordar una fusión a cuatro bandas”, recuerda el directivo de una de las entidades en cuestión.

Sus responsables, lo mismo que gran parte del sector, consideran inviable una fusión a cuatro en estos momentos. “Esta operación no es la solución para acabar con las incertidumbres del mercado. Además, estas entidades aún se encuentran en plena digestión de sus respectivas fusiones y urgir a crear deprisa y corriendo otra gran entidad puede tener un efecto contrario al que se busca”, señala el presidente de una destacada entidad financiera.

Otro homólogo suyo subraya que esta operación lleva consigo la destrucción de miles de empleos como consecuencia de sus duplicidades.

BMN, Liberbank, Ibercaja y Unicaja son resultantes de las uniones de 15 cajas que en gran parte no han terminado aún sus procesos de fusión. BMN, resultante de la fusión de Caja Murcia, Caixa Penedès, Sa Nostra y Caja Granada, es de los cuatro el que tiene más avanzado su proceso de unión, el 80% de su integración está cerrado.

Ibercaja, mientras, apenas ha iniciado la absorción de Caja3. Lo mismo sucede con Unicaja. La entidad que preside Braulio Medel no ha comenzado su integración con Caja España Duero, pero la firma castellanoleonesa tampoco ha finalizado su proceso de fusión, pese a que hace casi dos años que lo aprobó.

La firma que preside Carlos Egea, por su parte, presentó el viernes una oferta no vinculante para pujar por Banco de Valencia, su gran apuesta. Ibercaja, Liberbank e incluso Unicaja también parece que han mostrado su interés por el banco levantino, aunque la apuesta de BMN parte como favorita. Al margen de esta iniciativa, BMN también está dispuesta a una fusión, pero no a cuatro bandas. Liberbank y sobre todo Ibercaja son las dos entidades con las que mantiene conversaciones más fluidas, un vez que parece descartar Unicaja.

Liberbank tiene cuatro planes sobre la mesa. Una, la del Banco de Valencia parece la menos factible. Su objetivo prioritario es finalizar las negociaciones para incorporar inversores privados en su capital para tomar el 20%. De esta forma elimina gran parte de las necesidades de capital que debe inyectar al bajar las exigencias del 10% actual al 8%. Además, Liberbank está a la espera de que el Gobierno portugués dé el sí a la compra de la filial española de Caixa Geral.

La opción de la fusión no entraba en sus planes hasta finales del presente año, pero ante la petición de Economía es muy posible que en breve anuncie una operación.

Bankia, mientras, ha pasado de asegurar que se mantendría en solitario en esta fase de la reforma financiera a asegurar que podría fusionarse con otra entidad financiera. Eso sí, más pequeña y teniendo la alianza liderada por Caja Madrid y Bancaja el dominio.

Economía espera que con estas fusiones de última hora el mercado dé por cerrada la reforma financiera y crea en el saneamiento de la banca española. Y sino como señala un directivo de una de estas cinco entidades financieras en cuestión: Si es necesario fusionarse para devolver la confianza de los mercados en España “pues nos fusionamos”.

Fuente: http://com.cincodias.feedsportal.com/c/33500/f/624600/s/1edb6076/l/0L0Scincodias0N0Carticulo0Cmercados0Cdevolver0Econfianza0Enos0Efusionamos0C20A120A430Acdscdimer0I30C/story01.htm

Donde decíamos austeridad decimos crecimiento

A juzgar por los titulares de la prensa internacional durante este pasado fin de semana, la Unión Europea, encabezada por Angela Merkel, se ha caído del caballo de la austeridad y ha abrazado la fe del crecimiento. Pero la letra pequeña de la buena nueva revela que todos los conversos no entienden la palabra crecimiento de la misma manera. Y, sobre todo, que ninguno está dispuesto a pasar el cepillo en sus propios Estados para financiar los estímulos económicos del vecino en dificultades.

“El crecimiento no debe costar necesariamente dinero”, señalaba el sábado la canciller alemana en una entrevista en su país. Y aunque admitía la necesidad de acompasar el saneamiento presupuestario “con políticas que fomenten el crecimiento y el empleo”, invocaba de inmediato el anatema al que la jerarquía de Berlín no está dispuesta a renunciar: “no puede ser un crecimiento a base de crédito”.

Ni una palabra, por tanto, sobre relajación de los planes de austeridad ni sobre la posible prolongación de los calendarios de ajuste, que obligan a la mayoría de los países (incluido España) a colocar su déficit por debajo del 3% en 2013. De manera significativa, incluso el candidato socialista al Elíseo, François Hollande, ha ratificado ese objetivo durante la campaña electoral.

Berlín solo contempla una fórmula factible a nivel continental, que pasaría por una ampliación del capital del Banco Europeo de Inversiones (BEI). El presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, ya propuso la semana pasada inyectar 10.000 millones de euros al BEI, lo que aumentaría su capacidad de financiación en 60.000 millones durante los próximos tres años. Esos préstamos, calcula Van Rompuy, movilizarían a su vez 120.000 millones de euros del sector privado.

A nadie se le escapa en Bruselas que esas cifras son una gota en un océano de necesidades de financiación de infraestructuras que, según la CE, ascienden a unos 2 billones durante los próximos ocho años. El presidente de la Comisión, José Manuel Barroso, cree que para cubrir esa laguna deberían crearse los llamados “bonos para proyectos europeos”, cuyo apalancamiento a través del BEI puede multiplicar por 15 o 20 los recursos disponibles en el presupuesto comunitario.

Bruselas ya ha puesto en marcha una fase piloto de esos bonos, con los que espera movilizar, si recibe la autorización de los Estados, hasta 4.600 millones con una exposición de dinero comunitario de solo 230 millones de euros. Pero se trata, por ahora, de un experimento. Y la Comisión reconoce que, incluso si sale bien, los “bonos para proyectos europeos” solo estarán disponibles a partir de 2014.

Una tercera posibilidad, mencionada ayer por El País, seguiría ese mismo modelo pero utilizando el remanente del pequeño fondo de rescate gestionado por la Comisión (en el que quedan 12.000 millones de una dotación de 60.000 millones) para atraer inversión privada. El esquema ya se ha puesto en marcha con el fondo de rescate intergubernamental (el FEEF), con el que se pretende atraer inversión de los países emergentes, pero sin demasiado éxito hasta ahora.

Frente a esos parches, se han barajado, sobre todo en el Parlamento Europeo, soluciones más estructurales, como la emisión de deuda pública (eurobonos), la conversión del fondo de rescate en un banco con acceso a la liquidez del BCE o la mutualización de parte de la deuda de los países del euro. Ninguna de ellas merecen siquiera una mención por parte de Merkel, cuya prioridad sigue siendo la ratificación y aplicación del Pacto del Euro (que obligará por ley a limitar el déficit público y frenar la deuda) sin ninguna contrapartida por su parte de momento.

A pesar de todo, el hecho de que Merkel incorpore a su vocabulario términos ajenos a la familia léxica de la austeridad denota un cambio de actitud en el Gobierno más poderoso de la UE.

Los analistas atribuyen el giro a tres posibles razones. El más inmediato estaría relacionado con las elecciones presidenciales en Francia, a cuyos votantes se les estaría enviando la señal de que la agenda del crecimiento no depende de una victoria de François Hollande sino que se podrá a llevar a cabo también si gana Nicolas Sarkozy.

El Gobierno alemán apoyaría así a distancia (Merkel anunció su intención de participar en algún mitin de Sarkozy, pero el presidente francés ha preferido evitar su presencia) a su principal aliado. Ambos han logrado una suerte de entendimiento político sobre la gestión de la zona euro que Berlín no quiere perder.

Pero la nueva prédica de Merkel también tiene lectura interna en Alemania. Tras un año 2010 marcado por el rescate de Grecia y la caída de la popularidad de la canciller, los sondeos han mejorado sensiblemente para Merkel en esta recta final de su segundo mandato. Berlín podría permitirse ahora aflojar un poco el dogal de la disciplina presupuestaria para estimular la demanda interna alemana. La entrevista de Merkel del sábado fue concedida a un diario de la antigua Alemania del Este (de Leipzig, en concreto), una zona del país que sigue necesitando apoyo del erario público central.

Por último, Alemania parece ceder en parte a la presión internacional a favor de una revisión de la estrategia seguida por la zona euro para estabilizar los mercados. Las llamadas en aras de una “graduación” del ajuste fiscal se ha sucedido en las últimas semanas. Y desde la Casa Blanca a la Ciudad Prohibida, pasando por el FMI, gobiernos e instituciones internacionales reclaman a Europa una apuesta por el crecimiento que reactive el comercio mundial.

Las próximas semanas mostrarán si esa presión externa e interna hace verdadera mella sobre Berlín. Por ahora, todo sigue pendiente de las elecciones en Francia (no solo las presidenciales del 6 de mayo, sino también las legislativas de junio, que podrían deparar una legislatura de cohabitación izquierda-derecha o de giro parlamentario hacia la extrema derecha). También de las citas electorales a nivel regional en Alemania. Y en último lugar, aunque debería ocupar el primero, la propia evolución económica de la zona euro. El 11 de mayo, la Comisión presentará sus previsiones de primavera. Y todo indica que el panorama desolador que describirán obligará a la zona euro a hablar en serio de crecimiento y dejar de utilizar esa palabra como sinónimo de austeridad.

Fuente: http://com.cincodias.feedsportal.com/c/33500/f/624601/s/1edb6a70/l/0L0Scincodias0N0Carticulo0Ceconomia0Cdeciamos0Eausteridad0Edecimos0Ecrecimiento0C20A120A430Acdscdieco0I30C/story01.htm

"Sin empleo y sanidad, ¿para qué quedarnos?"

Una llamada metió en la política a la novelista Aminta Buenaño (Santa Lucía, Ecuador, 1958). “Nunca pensé que sería política. Nunca. Los escritores no hacemos eso”, enfatiza la embajadora en su despacho en Madrid, en el que de unas paredes cuelga un retrato de un sonriente Rafael Correa. Él, el presidente, marcó en 2006 el número de la autora para convencerla de que se sumara a la “revolución socialista del siglo XXI”. “Queremos darle la vuelta a la tortilla: estamos contra el neoliberalismo”, explica la mujer más votada en las elecciones ecuatorianas de 2007. De escribir libros pasó a redactar la Constitución del país suramericano. Desde hace cuatro meses, Buenaño defiende los intereses de los 500.000 compatriotas que calcula que viven en España (306.380 hay empadronados), que poco a poco se están marchando y que, adelanta, serán cada vez menos porque el Gobierno español dejará sin sanidad gratuita a los inmigrantes en situación irregular. En Ecuador, recuerda, no existen ya que, como dice su Carta Magna, “ningún ser humano es ilegal”.

¿Tan segura está de que abandonarán España?

Sí. La medida dejar sin tarjeta sanitaria a las personas en situación irregular es terrible para nosotros. Somos muy respetuosos con las decisiones soberanas del pueblo español y con sus leyes, pero debemos decir que los ecuatorianos vinieron porque España los necesitaba. Durante años, pagaron sus impuestos y cotizaron. Por la situación de crisis, por la burbuja inmobiliaria, muchos se han quedado sin trabajo. Sin empleo, ya no les dan la tarjeta de residencia ni la sanitaria. Es una forma elegante de expulsión, un drama humano.

La ecuatoriana es la población extranjera que más se reduce. Su país crece y su tasa de desempleo es del 4,88% frente al 24,4% de la española.

Yo pregunto: ¿cuáles son los alicientes de España? Su sanidad y su educación, que han sido buenas hasta ahora. La formación universitaria costará más. Sin empleo y sanidad, ¿para qué quedarse? A muchos ecuatorianos les resulta sumamente difícil. Imagínese: han vivido aquí diez años y sus hijos, que nacieron en España, no quieren irse. Reclaman sus estancias, su escuela, sus amiguitos. Es muy duro. Hay que ponerse en el pellejo de los padres, que ya no pueden nacionalizarse si han perdido el trabajo.

¿Está siendo insolidario el Gobierno de Rajoy?

No. Está viviendo una crisis muy dura y compleja. Pero no puede sostenerse sobre los más vulnerables. La ministra de Sanidad, Ana Mato, ha dicho que ofrecerá prestaciones sanitarias en reciprocidad con las que reciben los españoles en otros países. En Ecuador, por disposición constitucional, la atención sanitaria es gratuita para todos, para los ecuatorianos y para los 11.000 españoles que tenemos allí.

Asociaciones de inmigrantes calculan que el 10% de los desahucios en España los sufren ecuatorianos.

No tenemos un censo todavía. Lo que hacemos es asesorar jurídicamente a nuestros ciudadanos. El que no conoce es como el que no ve: un ciego. Hay que explicarles sus derechos.

En su visita a España, el presidente Correa criticó a los bancos.

Se buscaba a los ecuatorianos en sus trabajos, se les ofrecían muchas facilidades (para hipotecarse) cuando, en muchos casos, eran trabajadores temporales. Todo banco que se respete debe buscar seguridad. Una entidad tiene una unidad de análisis económico y profesionales especializados en el problema hipotecario. Un inmigrante, en cambio, solo quiere tener su casa y muchas veces carece de educación. ¿Por qué toda la carga se pone sobre él?

Su Gobierno ha prohibido a los bancos españoles que reclamen los bienes que los acreedores posean en Ecuador. ¿Es eso justo?

También hay restricciones. Habrá casos particulares de pillos que tengan un negocio de pisos. A esos sí se les podrá pedir los bienes. Pero a la gente indefensa, vulnerable, que solo tenía una casa para habitar, que ha perdido su trabajo, que es totalmente insolvente, que busca refugio, que tiene que sobrevivir… no dejaremos que se les pueda matar cuando retornen a Ecuador. Tampoco permitimos que ningún banco ecuatoriano compre a precio de gallina enferma los derechos de deuda de una entidad española para que a los migrantes que regresan escapando de la asfixia se les persiga con el terrenito de la esposa o la casita del padre.

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El Ibex esquiva a S&P y salda la jornada con ganancias

Punto final a una jornada de fuertes altibajos. En un primer momento, la rebaja de la calificación de la deuda española por parte de SP cayó un jarro de agua fría sobre los inversores y el índice de referencia de la Bolsa española llegó a caer un 2,65%. Sin embargo, el selectivo ha conseguido decir adiós con un ascenso del 1,69% hasta situarse en los 7.145 puntos. En la semana, ha subido un 1,50%.

SP bajó la nota de la deuda nacional dos escalones, hasta BBB+ desde A, a tres peldaños del bono basura. Además, SP le asigna perspectiva negativa, lo que implica que puede haber nuevas rebajas en los próximos tres meses. La prima de riesgo se ha situado en 417 puntos básicos y la rentabilidad del bono español a 10 años se ha colocado en el 5,87%.

La rebaja de SP contrasta con el optimismo de las pasadas sesiones en las que España superó con éxito la última subasta de abril (uno de los meses de mayores vencimientos). El BCE, por su parte, también infundió un poco esperanza al señalar que en caso de recrudecimiento de la situación el organismo emisor intervendría.

El sector bancario ha sido uno de los grandes protagonistas de la semana. A lo largo de estos cinco días las principales entidades han desfilado por la pasarela de resultados coincidiendo con la publicación de de un informe por parte del FMI en el que advierte de la necesidad del sector financiero español de acometer una profunda reestructuración. El organismo que dirige Cristine Lagarde puso en duda la liquidez de la banca española y la posibilidad de esta se vea obligada a recurrir al dinero público para acometer las reformas necesarias.

Asimismo, a lo largo de esta semana han comenzado a ganar fuerza en Europa las voces que piden que las medidas de austeridad se vean acompañadas por otras de crecimiento. El primero en reclamarlo ha sido el ganador de la primera vuelta de las elecciones francesas, el candidato socialista. Asimismo, François Hollande ha señalado que si gana las elecciones pedirá una revisión del pacto fiscal, algo a lo que la canciller alemana se opone.

A Hollande se sumó el miércoles el presidente del BCE, Mario Draghi, quien advirtió de la necesidad de acompañar los ajustes con medidas de crecimiento. Por primera vez en mucho tiempo, Angela Merkel reconoció que la austeridad no lo es todo y que es necesario compaginarla con iniciativas que permitan la recuperación económica.

En el mercado de divisas, el euro ha recuperado posiciones frente al dólar y se cambia a 1,3254 ‘billetes verdes’.

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Aislar el ladrillo para salvar la economía

Las voces para que la banca española aísle sus activos problemáticos se están convirtiendo en clamor. En una nueva semana de infarto para los mercados, los inversores internacionales de todo el mundo vuelven la vista hacia España y señalan al sector financiero como el principal escollo para la recuperación económica del país. Hasta el presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, apuntaba que la situación de España de las últimas semanas ha reducido la estabilidad financiera. Con el bono rondando de nuevo el 6% y la Bolsa coqueteando con mínimos de tres años, crece la presión para adoptar una medida que limpie definitivamente los balances de los bancos y devuelva al sector la credibilidad.

Fue el director de regulación del Banco de España, José María Roldán, el primero que reconoció ante un grupo de inversores que se estaba barajando la posibilidad de promover la segregación de activos inmobilarios. Esta misma semana, un informe del FMI apuntaba en esta dirección. “La prioridad … debe ser abordar de forma efectiva y completa los activos problemáticos de las carteras bancarias”.

Los bancos de inversión también lo tienen claro. Goldman Sachs considera que la reforma financiera que ha impulsado el Gobierno de Mariano Rajoy, y que obliga a realizar saneamientos de activos inmobiliarios por 54.000 millones de euros, no ha sido suficiente. El Ejecutivo es consciente de que este asunto es la clave de bóveda de la recuperación de la economía española. Sin una banca saneada, no volverá el crédito y sin más financiación, la recesión amenaza con quedarse para rato.

Dudas sobre el proyecto

El proyecto, que ya se planteó en el arranque de la legislatura, consistiría en crear sociedades de liquidación a las que las entidades financieras pudieran transferir los activos tóxicos que no pueden vender. “Sería crear una inmobiliaria para sacar estos activos de su balance”, explica un alto cargo de una de las grandes consultoras. “Un vehículo por cada banco o caja interesada para gestionar estos activos problemáticos”.

Los mercados y los reguladores internacionales están metiendo presión para que se adopte una solución lo antes posible. Sin embargo, desde el Ministerio de Economía se explica que el proyecto todavía está en fase de estudio y que pasarán varias semanas hasta que se pueda explicar. De hecho, aún está por resolverse cómo conseguirá dinero el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) para costear las subastas que quedan pendientes. El importe total de esta factura ha sido cifrado por Standard Poor’s en 40.000 millones de euros.

La idea de crear sociedades de liquidación cuenta con muchos inconvenientes. Los dos fundamentales: ¿qué entidades estarían interesadas en participar en él? y ¿cómo se financiará? En principio, parece que se aplicará solo a las entidades que lo soliciten (fundamentalmente los bancos creados de alianzas de cajas) y que el Gobierno intentará que inversores privados respalden el proyecto.

Durante la semana, los primeros espadas de Santander, BBVA, Sabadell y Bankinter se han pronunciado sobre la iniciativa y el entusiasmo ha sido escaso. Aunque tan solo la consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, se ha mostrado abiertamente contraria al proyecto al considerar que sería equivocado “mutualizar los errores” de las entidades que han sido imprudentes, el resto mostró un apoyo muy matizado.

El único directivo que se mostró moderadamente dispuesto a estudiar una solución para aislar los activos inmobiliarios fue el consejero delegado de Banco Sabadell, Jaime Guardiola. “Si se crea una figura con connotación pública ya veremos cuál es el planteamiento y cómo nos puede encajar. Pero de momento apostamos por nuestras capacidades de gestión de activos adjudicados”.

La postura común entre los directivos de la gran banca es que una solución así tan solo tendría sentido para algunas cajas de ahorros. Sin citarla en público, todos ellos mencionan en privado al grupo Bankia-BFA. La entidad acumula una cartera de activos adjudicados por importe de más de 9.000 millones de euros. El informe del FMI también aludía a la situación del grupo presidido por Rodrigo Rato. “Con el fin de preservar la estabilidad financiera es esencial que estos bancos que han recibido ayudas públicas, y en particular el de mayor tamaño, tomen medidas rápidas y decisivas para fortalecer sus balances y mejorar su gestión y su gobierno corporativo.

Al margen de que hay pocas entidades interesadas en participar en estas sociedades de liquidación, el otro gran problema es cómo se estructuran y se financian. Los grandes bancos consideran que ya van a hacer un esfuerzo excepcional al costear la reestructuración de las seis entidades que han sido o van a ser subastadas. El informe del FMI respalda esta tesis: “para evitar que los costes de resolución sean demasiado elevados para que la industria los pueda soportar … puede ser necesario un mayor recurso a la financiación pública”, apunta en su último informe.

Y aquí aparece el gran dilema: nadie quiere pagar una nueva factura del ladrillo. El Gobierno ha anunciado en varias ocasiones que cualquier nuevo mecanismo para reestructurar el sector no comportará la movilización de dinero público; la banca acepta adelantar contribuciones al FGD para costear las nuevas subastas, pero está exhausta y se resiste a realizar nuevas aportaciones.

Además, el volumen de activos dañados seguirá creciendo a medida que la morosidad esté en alza. Al cierre de 2011, el importe total de activos problemáticos era de 184.000 millones de euros, según el último Informe de Estabilidad del Banco de España, hecho público el viernes, un 4,5% más seis meses atrás.

Ante la escasez de recursos, la vía que permanece abierta de forma inquietante es la posibilidad de que el sector bancario reciba una inyección de capital de la Facilidad Europea de Estabilidad Financiera (FEEF), aunque sea una opción que el Gobierno rechaza con fuerza.

El economista de la London School of Economics, Luis Garicano, señalaba recientemente en un artículo esta posibilidad: el uso de este fondo de rescate europeo “para recapitalizar a la banca española más allá de toda duda”. A su juicio, aunque el coste fuera de 100.000 millones de euros “comparado con las pérdidas de crecimiento que estamos experimentado, no es nada”. Además, señala que no todo sería dinero a fondo perdido “porque muchos de los activos que parecen malos acaban recuperando parte de su valor”, como sucedió con el ‘banco malo’ puesto en marcha en Estados Unidos (conocido como TARP).

A pesar de que el sector bancario ya ha provisionado más de 120.000 millones de euros desde el comienzo de la crisis y que en febrero se habilitó una nueva reforma legal para que saneara sus balance en otros 54.000 millones de euros, la veda sobre las necesidades adicionales de capital se ha vuelto a abrir. Desde el equipo de análisis de Société Générale hablan de 70.000 millones, en Espírito Santo coinciden con la cifra mágica de los 100.000 millones, mientras que el economista Nouriel Roubini eleva el montante hasta 150.000 millones.

Tras conocerse la advertencia del FMI de que hay posibilidades de que el Estado tenga que aportar más dinero para la banca, la portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Soraya Rodríguez, se apresuró a denunciar que era una forma de “allanar el camino” para que el Gobierno crear un banco malo.

Si el sector y el Estado español no tienen fondos, y no se recurre al fondo europeo, quedaría aún una última fórmula: conseguir que inversores privados internacionales aceptasen participar como accionistas en las sociedades de liquidación. Esto daría credibilidad a la iniciativa, pero el conjunto de la economía española y sus bancos aún tienen camino por recorrer antes de recuperar el favor de los inversores.

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